La Consejería de Cultura y Turismo vuelve a ser noticia, y no precisamente por su gestión estratégica o sus avances en materia turística. Esta vez el foco está en Cantur, donde el consejero Luis Martínez Abad ha cesado a la directora de Recursos Humanos, Patricia Arteaga, tras solo tres meses en el cargo. El detonante: la firma de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con el único respaldo de CCOO, sin el acuerdo del resto de sindicatos con representación en la empresa pública.
La decisión ha sorprendido, no tanto por el fondo como por la forma. Arteaga, con una larga trayectoria en la empresa privada y con un perfil técnico, apostó por avanzar en un documento clave para ordenar la estructura de Cantur. Lo hizo, quizá con exceso de autonomía, sin lograr un consenso total pero sí con el respaldo de una parte del comité. Lo que parecía un paso hacia la modernización se ha transformado en un nuevo síntoma de la fragilidad interna que arrastra esta Consejería desde hace más de un año.
El malestar del consejero por no haber sido informado a tiempo ha desembocado en un cese que algunos interpretan como una forma de contentar a aquellos sindicatos que no dieron su visto bueno al acuerdo. En lugar de mediar y encauzar el diálogo, se ha optado por una solución rápida que evidencia hasta qué punto el equilibrio con los agentes sindicales se ha convertido en una prioridad, incluso por encima de la estabilidad interna de la empresa.
Este episodio no es aislado. Desde la llegada de Martínez Abad en septiembre, los cambios en puestos clave han sido constantes: dimisiones, ceses, recolocaciones y relevos a un ritmo difícil de seguir. En Cabárceno, El Soplao o la propia Cantur, la rotación ha sido la norma, no la excepción.
Cuesta entender que en una empresa pública con más de 600 empleados en temporada alta y una historia laboral compleja, el rumbo se marque más por equilibrios internos que por un proyecto de largo plazo. Y cuesta aún más asumir que el perfil técnico y experimentado de una profesional como Patricia Arteaga no haya encontrado encaje en un entorno que, por lo visto, sigue prefiriendo gestos hacia determinados sindicatos que decisiones de gestión.
En sus declaraciones, el consejero se ha limitado a hablar de “sincronicidad” y de “periodo de prueba”, como si lo ocurrido no formara parte de una lógica más profunda: la dificultad del Gobierno de Cantabria para consolidar equipos sólidos y construir una política pública basada en la estabilidad y el criterio profesional.
