La Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria (Apemecac) solicita al Ayuntamiento de Torrelavega establecer una moratoria mínima de un año en la aplicación efectiva de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La entidad empresarial expresa su preocupación por las repercusiones económicas que la puesta en marcha de esta medida puede generar sobre el tejido comercial y de servicios de la ciudad.
Apemecac considera que es necesario un periodo adicional de análisis y evaluación del impacto real que la ZBE puede tener en el pequeño comercio, la hostelería y los autónomos del municipio. “Nos enfrentamos a una medida de gran calado que puede alterar significativamente los hábitos de consumo y circulación. Pedimos tiempo para estudiar sus efectos y buscar soluciones consensuadas”, señalan desde la asociación.
El Ayuntamiento ha confirmado la ampliación del periodo transitorio sin sanciones hasta el próximo 10 de junio, tal y como recoge la Ordenanza Reguladora de la ZBE. Esta extensión tiene como objetivo facilitar la adaptación progresiva de vecinos, visitantes y profesionales a los nuevos criterios de acceso al centro urbano.
Desde Apemecac se valora positivamente esta ampliación, aunque se considera insuficiente, y se propone la creación de una mesa de seguimiento en la que estén representadas las asociaciones empresariales, los colectivos vecinales y los técnicos municipales. El objetivo sería trabajar de forma coordinada en la definición de un modelo de ZBE ajustado a la realidad económica y social de Torrelavega.
La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones responde a una exigencia de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes a contar con una de estas zonas antes de 2026. En este contexto, Apemecac insiste en la necesidad de garantizar una transición justa, con información clara, apoyo técnico y posibles líneas de ayudas para los sectores más afectados.
