Para Sebrango, “el Gobierno cerró el Consejo, pero se olvidó los trabajadores dentro”. Los jóvenes socialistas denuncian que al Gobierno de Cantabria le está saliendo más caro el cierre del CJC que mantenerlo abierto.
LA UNION (LU) acusó al Gobierno Regional de Cantabria de de haber cometido una “chapuza monumental” en el tratamiento a los trabajadores del desaparecido Consejo de la Juventud de Cantabria, cuyos efectos son “el despilfarro de 250.000 € de dinero público”.La Sentencia del Juzgado de lo Social nº 3, que declara el despido de los 7 trabajadores del Consejo, suprimido por el actual Gobierno en el marco de sus planes de ajusta, como improcedente, “nos condena a todos a pagar 250.000 €”, lo cual habría sido evitable “de no cometer nuestro Gobierno una chapuza imperdonable”.Rafael Sebrango, Presidente de la formación, precisó que de la lectura de la Sentencia se desprende que “el Gobierno cerró el Consejo, pero se olvidó los trabajadores dentro”.En una actuación “propia de un esperpento”, prosiguió “nadie del Gobierno se acordó que debía despedir ordenadamente a los trabajadores”, y al tener que presentarse éstos al puesto de trabajo el día 2 de Julio “se encontraron con la puerta cerrada, y con que nadie les había ni siguiera despedido, por lo que tuvo que actuarla Inspección de Trabajo”.“Este olvido es el que da lugar a que ahora tengamos que pagar estas indemnizaciones” apostilló el representante de LA UNION (LU), y que “hace inviable el recurso anunciado por el Gobierno, que sólo busca aplazar el pago de la indemnización”.Para LA UNION (LU) “ésta es la penúltima torpeza de una larga serie, que son las que está cometiendo el Gobierno Regional en el modo de afrontar los despidos”, inciden, y lo que “produce alarma es que el Gobierno no haya contado con gente preparada para planificar la amortización de los puestos de trabajo de los organismo suprimidos”.En este caso, además, recalcan que “una cosa es hacer las cosas mal, y otra distinta es ni siquiera hacerlas, pues aquí hasta se olvidaron que alguien tenía que despedir a los trabajadores, una vez acordado la supresión del Consejo de la Juventud”.Finalmente, para LA UNION (LU) este modo de proceder del Ejecutivo Regional “es escandalosamente chapucero”, y el Presidente del Gobierno “ha de dar la cara y designar el responsable de esta tremenda torpeza, para que asuma su responsabilidad política”.Los jóvenes socialistas denuncian que al Gobierno de Cantabria le está saliendo más caro el cierre del CJC que mantenerlo abierto.Tras conocerse la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Santander, los jóvenes socialistas consideran probado que el cierre del Consejo de la Juventud de Cantabria (CJC) era una simple maniobra política para acallar críticas y no una medida de austeridad, como prometía Ignacio Diego. Dicha sentencia condena al Gobierno de Cantabria a pagar, en concepto de indemnizaciones por despido improcedente a los 7 trabajadores, un total de 247.122€, cerca de 50.000€ más de lo que costaría haberlo mantenido abierto.Víctor Casal, Secretario General de Juventudes Socialistas de Cantabria, denuncia que: “El Gobierno de Ignacio Diego jamás ha querido tener voces que se alzasen contra su nefasta gestión. Por ello, como medida preventiva al ataque que el PP está realizando a los jóvenes, promovió el cierre del CJC sin importarle los despidos de trabajadores que acarreaba. Ahora, los cántabros tendremos que pagar por el cierre 50.000€ más de lo que costaba mantenerle abierto, por mero capricho del PP”.Los jóvenes socialistas lamentan la forma con la que se aferran a sus puestos de poder los políticos del PP y, sobre todo, cómo reciben un sueldo puntualmente aunque no hayan hecho absolutamente nada para ganárselo.En palabras de Víctor Casal, “Isabel Gómez Barreda no es más que un florero dentro del organigrama del Gobierno al que han cerrado todos los centros que dependían de su Dirección General. Por ello, debe dimitir de su cargo y dejar de cobrar un sueldo público sin tener responsabilidades o, más concretamente, por no hacer nada”“La única iniciativa que la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud ha llevado hasta el momento, al margen del cierre de todos los órganos de representación de los colectivos a los que, se supone, defiende, es la convocatoria de subvenciones. Una convocatoria que ha llegado 10 meses tarde, con un recorte del 50% y sin que las asociaciones tengan la opción de contratar parados, ya que esa subvención se ha suprimido”, concluyó Casal.
